Villa Rica se prepara para las lluvias mientras persisten dudas sobre el avance de las defensas ribereñas

Una obra de más de S/ 16 millones busca proteger sectores vulnerables de Villa Rica y Puente Paucartambo. Su culminación está prevista para el 5 de noviembre, pero falta conocer cuánto se ha ejecutado realmente.

La temporada de lluvias se aproxima y vuelve a poner en alerta a los pobladores de Villa Rica y Puente Paucartambo, en la provincia de Oxapampa. Mientras tanto, una obra de defensas ribereñas valorizada en S/ 16 398 888,85 se encuentra en ejecución, aunque todavía no se cuenta con información pública actualizada sobre su avance físico real.

El proyecto, identificado con el Código Único de Inversión (CUI) N.° 2503685, contempla la construcción de 726 metros de protección ribereña para reducir los riesgos asociados a posibles crecidas del río.

La preocupación no es menor. Puente Paucartambo, Cedropampa, Alto Cedropampa y Puruz son sectores que registran antecedentes de huaicos y deslizamientos que afectaron viviendas, terrenos agrícolas y vías de comunicación.

Según la información proporcionada sobre el contrato, la obra está a cargo del Consorcio Villa Rica y tiene como residente al ingeniero Policarpo Amarante Guecara Reyes. La inspección corresponde a Leonel Benites Diego y la supervisión al Consorcio Supervisor Pasco.

El cronograma señala que los plazos se reiniciaron el 24 de agosto y que la fecha prevista de culminación es el próximo 5 de noviembre de 2026.

Sin embargo, queda una pregunta pendiente: ¿cuánto de los 726 metros de defensa ribereña se ha construido y qué trabajos faltan para concluir la intervención?

Ante las advertencias sobre la vulnerabilidad de la zona, resulta necesario que el Gobierno Regional de Pasco publique el avance físico y financiero actualizado, las valorizaciones y los informes de supervisión.

La información permitirá conocer si la obra mantiene su cronograma y qué medidas preventivas se han previsto para proteger a la población durante la temporada de lluvias.

Más allá de los plazos contractuales, lo que está en juego es la seguridad de las familias que viven y trabajan cerca de las zonas expuestas a inundaciones y deslizamientos.