Sucamec investiga 47 armas registradas a nombre de un ciudadano de Pozuzo con licencia cancelada
Un operativo de fiscalización en Pasco puso bajo investigación un arsenal de carabinas, escopetas, pistolas y revólveres. El Ministerio Público busca verificar el destino de parte del armamento y determinar posibles responsabilidades.
La Fiscalía de Oxapampa busca esclarecer la situación de 32 armas que no fueron internadas. El caso forma parte de una investigación sobre 131 armas registradas en Pasco y Junín.
Un ciudadano de Pozuzo, en la región Pasco, registraba 47 armas de fuego pese a tener su licencia cancelada. El caso fue detectado por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), que viene intensificando sus acciones de fiscalización.
Se trata de José Luis Sánchez Livelli, residente de la localidad de Prusia, quien tenía registradas 23 carabinas, 16 escopetas, seis pistolas y dos revólveres.
Según la información oficial, tras ser notificado de una inspección, Sánchez Livelli viajó a Lima e internó 15 armas en la sede central de Sucamec. Sin embargo, otras 32 permanecen pendientes de verificación.
Ante esta situación, la Fiscalía Provincial de Oxapampa dispuso continuar con las diligencias para verificar e incautar el armamento restante. También solicitó realizar peritajes a las 15 armas entregadas para determinar si estuvieron involucradas en algún hecho delictivo.
Tres hermanos registraban 84 armas en Satipo
Un segundo caso fue detectado en la comunidad nativa Betania-Chauja, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín.
Allí, Sucamec identificó 84 armas, entre 77 carabinas y siete pistolas, registradas a nombre de tres hermanos cuyas licencias también habían sido canceladas.
Durante las diligencias, dos de los titulares manifestaron que ya no tenían las armas en su poder, mientras que el tercero no fue ubicado. Las autoridades investigan una presunta transferencia del armamento a terceros.
La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Satipo inició diligencias preliminares para esclarecer el destino de las armas y establecer posibles responsabilidades.
Ambos casos suman 131 armas bajo observación y ponen sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué ocurre con el armamento registrado cuando sus propietarios pierden la autorización para utilizarlo?
Por ahora, las investigaciones continúan y no se ha confirmado que las armas hayan sido utilizadas en actividades criminales.
