Senado retomará debate sobre facultades legislativas el miércoles 14
La comisión continuará evaluando las medidas solicitadas por el Ejecutivo, en medio del debate sobre los alcances de la facultad revisora del Senado.
La comisión continuará evaluando las medidas solicitadas por el Ejecutivo, en medio del debate sobre los alcances de la facultad revisora del Senado
La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado continuará el miércoles 14 de octubre, a las 10:00 horas, el debate sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y atención del fenómeno El Niño.
La sesión fue anunciada por el presidente de la comisión, Carlos Mesía Ramírez, luego de la reunión realizada el sábado 10, en la que cuatro ministros sustentaron las medidas propuestas por sus respectivos sectores.
El debate corresponde a la Proposición Legislativa 00013-2026-2031-S y ha puesto sobre la mesa no solo el contenido de las facultades solicitadas, sino también los alcances de la función revisora que corresponde al Senado frente a las propuestas remitidas por la Cámara de Diputados.
Durante la sesión participaron los ministros del Interior, César Astudillo Salcedo; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda; de Defensa, Rafael Belaunde Llosa; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas González.
Los senadores plantearon distintas posiciones sobre las medidas propuestas para enfrentar la criminalidad, fortalecer la capacidad operativa del Estado y atender necesidades relacionadas con vivienda y saneamiento. Parte de la discusión se concentró también en determinar qué modificaciones puede introducir el Senado al texto procedente de la Cámara de Diputados.
Seguridad ciudadana concentra parte del debate
El ministro del Interior, César Astudillo, expuso propuestas relacionadas con la reforma de la formación policial, la especialización en investigación criminal y la implementación de un comando unificado de alcance nacional para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.
El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, señaló que las iniciativas de su sector buscan fortalecer el sistema penitenciario, mejorar los mecanismos de inteligencia y regular la libertad vigilada postpenitenciaria. También explicó los alcances de las modificaciones planteadas sobre legítima defensa y terrorismo con fines de lucro.
Desde el Ministerio de Defensa, Rafael Belaunde sustentó la ampliación de la definición de grupos hostiles para enfrentar organizaciones criminales que ejercen control territorial y destacó la intervención de las Fuerzas Armadas en el VRAEM.
Las propuestas generaron diferentes posiciones entre los integrantes de la comisión.
Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, planteó reforzar el sistema penitenciario mediante infraestructura, tecnología y controles destinados a impedir actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios. También propuso medidas contra el narcotráfico y reformas policiales y judiciales frente a la corrupción.
Héctor Ventura respaldó una participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional frente al crimen organizado, dentro de los límites constitucionales.
Katherine Ampuero, de Renovación Popular, sostuvo que la seguridad ciudadana requiere una política de Estado integral y no únicamente mayores penas o la creación de nuevos delitos. Solicitó además precisiones sobre legítima defensa, terrorismo e intervención de las Fuerzas Armadas.
Ruth Luque, de Ahora Nación, consideró necesaria una reforma profunda de la Policía Nacional que incluya capacitación, especialización y acciones contra la corrupción. Jaime Quito, de Juntos por el Perú, también cuestionó la eficacia de los estados de emergencia y planteó como prioridad una reforma policial.
Iber Maraví, por su parte, pidió garantizar que las medidas adoptadas en materia de seguridad no afecten el derecho a la protesta ciudadana.
Vivienda y saneamiento también bajo evaluación
Otro eje de la discusión corresponde a las facultades solicitadas para acelerar proyectos de agua potable, saneamiento y vivienda social.
El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, informó que seis de las doce medidas solicitadas por su sector fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y que se han destrabado 61 de 252 proyectos paralizados.
Arnillas solicitó ampliar las facultades para agilizar obras de agua potable, saneamiento y vivienda social, además de implementar subsidios focalizados y reestructurar Sedapal sin privatizarla.
Patricia Juárez, de Fuerza Popular, cuestionó que las medidas de vivienda y saneamiento estén dirigidas exclusivamente a afectados por el fenómeno El Niño, dejando fuera a otras poblaciones que carecen de servicios básicos. También solicitó una revisión técnico-legislativa para determinar que las facultades que finalmente se aprueben correspondan a las solicitadas por el Ejecutivo y respeten los límites constitucionales.
Francisco Calisto Giampietri planteó eliminar trabas burocráticas para acelerar obras de agua potable, saneamiento y prevención de desastres, acompañadas de mecanismos de fiscalización.
Jaime Quito expresó preocupación por posibles riesgos de corrupción en las contrataciones públicas y una eventual tercerización de los servicios de Sedapal, mientras Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno, solicitó precisar los costos, beneficiarios y objetivos de las propuestas de vivienda social.
¿Qué facultades tiene el Senado para modificar el proyecto?
La discusión sobre las modificaciones al texto aprobado por la Cámara de Diputados se desarrolla en el marco de las atribuciones que el Reglamento del Senado reconoce a la cámara revisora.
El artículo 7 del Reglamento establece que la función legislativa del Senado comprende revisar, debatir, aprobar, modificar o rechazar las propuestas remitidas por la Cámara de Diputados, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos parlamentarios.
El procedimiento de revisión también contempla el estudio de las propuestas en comisión, la emisión del correspondiente dictamen y su posterior debate parlamentario.
En consecuencia, la discusión no se limita a determinar si el Senado puede introducir modificaciones, pues esa atribución forma parte de su función revisora. El punto de controversia está en los alcances que podrían tener esos cambios respecto del texto procedente de la Cámara de Diputados y los límites constitucionales y reglamentarios aplicables.
Iber Maraví cuestionó precisamente la incorporación de propuestas adicionales a las materias aprobadas por la Cámara de Diputados y sostuvo que el Ejecutivo puede presentar iniciativas legislativas para que sean debatidas por el Congreso.
Roger Astucuri, del Partido Cívico Obras, solicitó identificar las facultades que no fueron aprobadas por Diputados y precisar las modificaciones pendientes, especialmente en saneamiento físico-legal, disposición de terrenos estatales y proyectos de vivienda.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, ha defendido la capacidad del Senado para introducir modificaciones durante la revisión legislativa.
La Comisión de Constitución retomará el análisis de la propuesta el miércoles 14 de octubre. La decisión que adopte será determinante para establecer qué facultades podrían finalmente ser delegadas al Poder Ejecutivo y bajo qué alcances antes de que continúe el trámite parlamentario.
