El estancamiento que condena al Perú: Prueba PISA revela que tenemos tres años de retraso escolar frente al estándar internacional

Los resultados de la última evaluación PISA de la OCDE vuelven a poner al Perú frente al espejo. Aunque históricamente el país demostró una trayectoria ascendente en áreas clave, la brecha territorial, la iniquidad socioeconómica y los rezagos de la pandemia mantienen a nuestros estudiantes hasta tres años de escolaridad por detrás del promedio de los países desarrollados.

Hablar de educación en el Perú exige despojarse de discursos triunfalistas y mirar las cifras con rigor crítico. La prueba PISA, desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no es un simple ranking de países; es la radiografía más certera sobre qué tan preparados están nuestros jóvenes de 15 años para resolver problemas del mundo real en Matemáticas, Lectura y Ciencias.

De acuerdo con el portal oficial del Programa PISA de la OCDE y los reportes de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) del Ministerio de Educación, la última edición publicada del estudio internacional sitúa al Perú en el bloque medio-inferior de América Latina. Si bien el país registra un desempeño competitivo frente a naciones como Colombia y Brasil en Matemáticas, la distancia respecto a los líderes regionales como Chile y Uruguay sigue siendo considerable. Más alarmante aún es la brecha de más de 70 puntos frente al promedio de la OCDE, lo que en términos pedagógicos equivale a una desventaja de entre dos y tres años de escolaridad efectiva.

La ilusión del avance y la realidad de las brechas

Entre las ediciones de 2012 y 2018, el Perú figuró entre las economías con mayor ritmo de crecimiento acumulado en Lectura y Matemáticas, un hito que demostró que la reforma magisterial y la inversión continuada daban frutos. Sin embargo, los efectos del cierre prolongado de aulas durante la pandemia y la inestabilidad institucional reciente pasaron la factura, evidenciando un estancamiento en la resolución de problemas lógicos y una persistente dificultad en la comprensión de lectura compleja.

El problema de fondo no es únicamente cuánto aprenden los estudiantes, sino quiénes tienen la oportunidad de aprender. En el Perú, el factor socioeconómico y el código postal dictan el destino educativo: los alumnos de colegios urbanos y privados obtienen puntajes abrumadoramente superiores a los de escuelas públicas rurales. La falta de conectividad de alta velocidad, los servicios básicos deficientes en aulas de provincias y un presupuesto por alumno que sigue estando sustancialmente por debajo del estándar internacional perpetúan un sistema de dos velocidades.

DIAGNÓSTICO FINAL Y HOJA DE RUTA

Para el lector que busca entender dónde estamos parados y hacia dónde debemos exigir que se dirija la política pública, el balance de PISA deja lecciones categóricas:

• Fortalezas: El Perú ha demostrado en el pasado una capacidad real de mejora cuando se sostienen políticas de Estado a largo plazo. La consolidación de la Ley de Reforma Magisterial, la meritocracia en la carrera docente y la existencia de una unidad técnica de evaluación como la UMC constituyen activos institucionales que deben ser blindados frente a la improvisación.
• Debilidades: La profunda iniquidad territorial y la rigidez presupuestal son nuestros talones de Aquiles. No se puede exigir estándares internacionales a escuelas rurales que carecen de agua, electricidad o internet, ni a docentes que no reciben acompañamiento pedagógico continuo en zonas aisladas.

¿Qué hay que hacer al respecto?

Es hora de abandonar el show mediático y activar las verdaderas competencias de la Cámara Alta. Si bien los senadores no cuentan con iniciativa de gasto, tienen en sus manos herramientas de alto impacto para forzar los cambios que el Ejecutivo no ejecuta. La Hoja de Ruta debe enfocarse en tres frentes constitucionales:

• Poder de negociación presupuestal con enfoque territorial: Aunque el Senado no crea partidas de gasto, aprueba la Ley de Presupuesto General de la República. Debe condicionar la ratificación del presupuesto anual a que el Ejecutivo asigne fondos por resultados dirigidos prioritariamente a la educación inicial y primaria rural, cerrando el paso a la ineficiencia regional.
• Marcos legislativos multianuales para infraestructura y conectividad: Legislar mecanismos de inversión protegida (como Obras por Impuestos o Asociaciones Público-Privadas) que permitan llevar internet de alta velocidad y equipamiento a las aulas rurales sin requerir desembolsos fiscales directos del Legislativo, evitando que los proyectos queden truncos cada año.
• Fiscalización estricta y reformas de incentivos no dinerarios: Ejercer el control político interpelando a los ministros del sector y auditando a los Gobiernos Regionales que devuelven presupuesto sin ejecutar. En el plano legislativo, aprobar normas que otorguen puntuación preferencial para ascensos y becas a los docentes que acepten plazas permanentes en las zonas más postergadas del país.

La educación no se transforma con promesas de campaña ni con visitas inopinadas para la foto; se transforma desde el hemiciclo con reformas orgánicas de fondo, rigor técnico y un control político que exija al Estado garantizar una enseñanza equitativa para todos los peruanos.