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Congreso evaluará tres dictámenes para modificar leyes pro crimen

La Junta de Portavoces decidirá el lunes 9 de noviembre si prioriza las propuestas sobre prescripción penal, investigación preliminar y extinción de dominio. Una cuarta iniciativa, relacionada con el fuero militar policial, quedó pendiente de programación.

07/11/2026 3 min de lectura
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La Junta de Portavoces decidirá el lunes 9 de noviembre si prioriza las propuestas sobre prescripción penal, investigación preliminar y extinción de dominio. Una cuarta iniciativa, relacionada con el fuero militar policial, quedó pendiente de programación.

Tres dictámenes que buscan modificar o derogar normas cuestionadas por debilitar la persecución del delito podrían debatirse el martes 10 de noviembre en el Pleno de la Cámara de Diputados.

La Junta de Portavoces tiene previsto reunirse el lunes 9 para definir si incorpora estas iniciativas en la agenda parlamentaria. Los textos ya fueron aprobados por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pero todavía requieren el respaldo del Pleno y su posterior revisión en el Senado.

Las propuestas abordan tres asuntos centrales del sistema penal: los plazos de prescripción de los delitos, la conducción de las investigaciones preliminares y la recuperación de bienes vinculados con actividades ilícitas.

Ley Soto: proponen modificar los plazos de prescripción

El primer dictamen plantea revertir los cambios introducidos por la Ley N.º 31751, conocida como Ley Soto, que limitó a un año la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.

La propuesta establece un límite equivalente al plazo ordinario de prescripción más la mitad de ese periodo. También contempla derogar la Ley N.º 32104, que ratificó las disposiciones cuestionadas.

Sus promotores sostienen que la modificación evitaría que determinados procesos, especialmente los de corrupción y criminalidad compleja, concluyan por vencimiento de plazos antes de obtener una sentencia.

Investigación preliminar: buscan restituir funciones del Ministerio Público

El segundo dictamen propone derogar la Ley N.º 32130, que modificó el Código Procesal Penal y fortaleció la intervención de la Policía Nacional en la investigación preliminar.

La iniciativa busca restablecer las disposiciones anteriores, reforzando la conducción fiscal de las investigaciones desde sus primeras etapas, sin eliminar las funciones operativas de la Policía.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha cuestionado la norma vigente por los conflictos que, según sostiene, genera entre ambas instituciones y sus posibles consecuencias para la validez de las actuaciones probatorias.

Extinción de dominio: buscan recuperar autonomía del proceso

La tercera propuesta plantea modificar el Decreto Legislativo N.º 1373 y revertir las restricciones incorporadas por la Ley N.º 32326.

El objetivo es restablecer la autonomía del proceso de extinción de dominio, mecanismo que permite al Estado recuperar bienes vinculados con actividades ilícitas bajo las condiciones establecidas por la ley.

La reforma busca que este procedimiento no dependa, como regla general, de una sentencia penal firme previa.

El dictamen también contempla garantías para terceros de buena fe y mecanismos de revisión judicial.

Reforma del fuero militar queda pendiente

Un cuarto dictamen, referido a la Ley N.º 32735, no figura entre las tres iniciativas inicialmente priorizadas.

La propuesta busca precisar los límites del delito de función y restituir la competencia de la justicia ordinaria para investigar y juzgar delitos comunes cometidos por policías y militares.

Según la información recogida por La República, su programación quedó pendiente debido al límite inicial de tres proyectos por comisión establecido para la próxima sesión.

El Senado tendrá la siguiente decisión

El diputado César Holguín, de Ahora Nación, expresó su confianza en que las propuestas obtengan respaldo en la Cámara de Diputados, aunque advirtió que podrían enfrentar mayor resistencia durante su revisión en el Senado.

La aprobación en comisión no significa que las leyes cuestionadas hayan sido derogadas. Para que los cambios entren en vigor, deberán completar el procedimiento legislativo correspondiente.

La decisión de la Junta de Portavoces del lunes 9 de noviembre será el siguiente paso para determinar si las reformas avanzan o continúan pendientes en el Congreso.

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