De 66 pedidos a solo 20: por qué Diputados recortó las facultades del Ejecutivo y qué puede hacer ahora el Senado
El Gobierno pidió autorización para legislar durante 120 días sobre ocho grandes materias desarrolladas en 66 ítems. La Cámara de Diputados redujo la propuesta a 20 puntos, limitados a seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, y rebajó el plazo a 90 días. Informes de distintas comisiones cuestionaron la falta de precisión de varias propuestas y consideraron que algunas reformas económicas, laborales y productivas debían mantenerse bajo deliberación parlamentaria. El texto aprobado pasa ahora al Senado, que deberá revisarlo dentro del nuevo procedimiento bicameral.
El Gobierno pidió autorización para legislar durante 120 días sobre ocho grandes materias desarrolladas en 66 ítems. La Cámara de Diputados redujo la propuesta a 20 puntos, limitados a seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, y rebajó el plazo a 90 días. Informes de distintas comisiones cuestionaron la falta de precisión de varias propuestas y consideraron que algunas reformas económicas, laborales y productivas debían mantenerse bajo deliberación parlamentaria. El texto aprobado pasa ahora al Senado, que deberá revisarlo dentro del nuevo procedimiento bicameral.
El Poder Ejecutivo consiguió facultades legislativas en la Cámara de Diputados, pero lejos de los términos planteados originalmente.
El pedido inicial comprendía ocho grandes materias desarrolladas en 66 ítems y solicitaba autorización para legislar durante 120 días calendario. La propuesta abarcaba seguridad y legislación penal, pero también micro y pequeñas empresas, empleo, inspección laboral, minería, hidrocarburos, electricidad, gestión ambiental, tasas de interés, régimen tributario, comercio exterior, modernización del Estado, vivienda y saneamiento, entre otros asuntos.
Después del debate parlamentario, el Pleno terminó aprobando una fórmula considerablemente menor: 20 ítems relacionados con seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, por un plazo de 90 días.
La aprobación tampoco fue sencilla. El dictamen fue inicialmente rechazado, posteriormente se desestimaron dos dictámenes en minoría y una reconsideración permitió someter nuevamente la propuesta a votación. Finalmente, obtuvo 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones.
La diferencia entre lo solicitado y lo aprobado plantea una pregunta central: ¿por qué Diputados aceptó otorgar facultades extraordinarias para enfrentar la inseguridad y el fenómeno El Niño, pero dejó fuera buena parte de las reformas económicas, laborales y productivas solicitadas por el Gobierno?
El primer cuestionamiento: la amplitud del pedido
Uno de los reparos que apareció reiteradamente durante el análisis parlamentario fue la necesidad de precisar y delimitar las materias sobre las cuales pretendía legislar el Ejecutivo.
El artículo 104 de la Constitución permite al Congreso delegar facultades legislativas al Gobierno, pero exige que esa autorización recaiga sobre materias específicas y por un plazo determinado.
Durante el debate en la Comisión de Constitución, representantes de distintas bancadas reclamaron mayor precisión respecto de las modificaciones pretendidas en asuntos tributarios, laborales, penales y administrativos.
La discusión, por tanto, no se limitó a determinar si determinadas reformas eran necesarias. También se discutió hasta dónde debía llegar la autorización concedida al Ejecutivo y qué materias debían permanecer bajo debate del Poder Legislativo.
Fuerza Popular defendió una delegación más amplia y sostuvo que este mecanismo constitucional ha sido utilizado por anteriores gobiernos para responder a problemas que requieren medidas inmediatas. Otros sectores parlamentarios consideraron que la amplitud de varias propuestas requería mayor delimitación antes de transferir temporalmente la potestad legislativa.
Justicia cuestionó la falta de precisión
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos examinó 12 submaterias relacionadas con legislación penal, procesal penal, ejecución penal, Policía, seguridad ciudadana, orden interno, sistema penitenciario y migración.
Por 11 votos a favor y cuatro en contra, declaró no viable la solicitud correspondiente a sus competencias en los términos planteados inicialmente.
Uno de sus principales cuestionamientos fue que en determinadas materias se exponían objetivos generales, pero no se precisaba suficientemente qué normas serían modificadas, cuál sería el sentido de los cambios y cuáles serían los límites de actuación del Ejecutivo.
La preocupación adquiría especial importancia cuando las modificaciones podían involucrar derechos vinculados con libertad personal, intimidad, seguridad, empleo, uso de la fuerza o garantías procesales.
Sin embargo, durante el análisis también se reconoció la necesidad de adoptar medidas en asuntos urgentes como control migratorio, trazabilidad de armas, bloqueo de comunicaciones ilegales desde establecimientos penitenciarios y ciberseguridad.
Parte de esas materias terminaron incorporándose posteriormente a la fórmula más delimitada que llegó al Pleno.
Economía: 16 puntos examinados y ninguno obtuvo luz verde
Uno de los recortes más importantes ocurrió en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
El grupo examinó 16 extremos relacionados con sus competencias y concluyó que ninguno resultaba viable conforme había sido formulado en el pedido del Ejecutivo.
El informe fue aprobado por nueve votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.
La decisión no significó que problemas como informalidad, financiamiento empresarial o baja recaudación tributaria fueran considerados irrelevantes.
En la misma sesión, la comisión aprobó por unanimidad crear un Grupo de Trabajo para la Formalización Económica, Lucha contra la Informalidad y Ampliación de la Base Tributaria.
El desacuerdo estuvo también en cómo debían realizarse esas reformas y si correspondía transferir temporalmente al Ejecutivo la capacidad de legislar sobre ellas.
Tasas de interés: una discusión que quedó fuera
Entre los asuntos económicos que no fueron incorporados a la fórmula aprobada figuraban modificaciones relacionadas con los topes a las tasas de interés.
El debate enfrenta dos preocupaciones distintas.
Quienes cuestionan los límites a las tasas sostienen que pueden dificultar el acceso al sistema financiero formal de ciudadanos y pequeños empresarios considerados de mayor riesgo crediticio, empujándolos hacia mecanismos informales de financiamiento.
En sentido contrario, quienes defienden la regulación advierten sobre la necesidad de mantener mecanismos de protección para evitar que los consumidores puedan quedar expuestos a tasas excesivamente elevadas.
Diputados no resolvió ese debate de fondo mediante la delegación. Lo que decidió fue no incorporar esa materia dentro de las facultades legislativas aprobadas al Ejecutivo.
La legislación sobre tasas de interés podrá seguir siendo discutida mediante los mecanismos parlamentarios correspondientes.
Mypes: acuerdo sobre el problema, discrepancias sobre la solución
Otro bloque importante correspondía a las micro y pequeñas empresas.
La Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo discutió un informe que proponía considerar viable la delegación en materias relacionadas con Mypes, desarrollo productivo, pesca, acuicultura, turismo, infraestructura industrial, tributación, aduanas y comercio exterior.
El informe no fue aprobado: recibió ocho votos a favor, diez en contra y una abstención.
Durante el debate, quienes cuestionaron la propuesta solicitaron mayor detalle sobre las modificaciones que pretendía realizar el Ejecutivo, especialmente considerando la importancia de las Mypes en la generación de empleo.
Desde Fuerza Popular se defendió la necesidad de simplificar procedimientos y reducir barreras burocráticas que dificultan la formalización y el desarrollo de los pequeños empresarios.
La discusión mostró nuevamente que podía existir coincidencia respecto del problema —informalidad, burocracia y dificultades para desarrollar pequeños negocios— pero diferencias importantes respecto de las herramientas para enfrentarlo y sobre quién debía aprobar esas reformas.
Empleo y reformas laborales tampoco ingresaron
Las facultades relacionadas con empleo, formalización y otras modificaciones laborales tampoco fueron incorporadas a la fórmula finalmente aprobada.
Durante el debate del Pleno, Fuerza Popular defendió un dictamen en minoría que buscaba ampliar nuevamente las facultades hacia materias relacionadas con fortalecimiento de Mypes, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa.
La propuesta no prosperó.
Esto no significa que las reformas laborales o las políticas destinadas a promover empleo hayan sido descartadas definitivamente.
Significa que Diputados decidió no incluirlas dentro de esta autorización extraordinaria para que sean legisladas directamente por el Ejecutivo mediante decretos legislativos.
Podrán volver a ser planteadas como iniciativas legislativas y seguir el procedimiento parlamentario correspondiente.
¿Por qué sí seguridad ciudadana?
La inseguridad terminó siendo una de las dos materias alrededor de las cuales se construyó suficiente consenso para otorgar facultades.
La fórmula aprobada comprende medidas relacionadas con control migratorio, identificación y bloqueo de comunicaciones ilícitas, fiscalización de armas, sistema penitenciario y acciones frente a extorsión, sicariato, crimen organizado y ciberdelincuencia.
La autorización, sin embargo, no es ilimitada.
Durante la elaboración de la fórmula se incorporaron referencias al respeto de garantías constitucionales, debido proceso y protección de datos personales.
El resultado fue una delegación considerablemente más específica que el planteamiento inicial.
El fenómeno El Niño: acelerar la respuesta del Estado
La segunda gran materia autorizada está relacionada con la prevención y atención de los efectos del fenómeno El Niño.
La propuesta contempla mecanismos para agilizar la atención de poblaciones afectadas, entre ellos la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del INDECI durante los primeros 15 días de una emergencia, respaldo a productores agrarios, simplificación de procedimientos para ejecutar infraestructura y medidas destinadas a garantizar vivienda, agua y saneamiento.
La fórmula establece además límites presupuestarios e institucionales.
Las habilitaciones y modificaciones presupuestarias necesarias deberán tramitarse conforme a la Ley de Presupuesto y las medidas adoptadas en ejercicio de las facultades no podrán afectar la autonomía de los gobiernos regionales y locales.
De 66 a 20: la dimensión del recorte
La diferencia es sustancial.
Pero existe una precisión necesaria: esto no significa que los otros 46 ítems hayan sido sometidos individualmente a 46 votaciones y rechazados uno por uno.
Lo que ocurrió fue que no quedaron incorporados en la fórmula sustitutoria que finalmente consiguió los votos necesarios en la Cámara de Diputados.
Esta diferencia permite comprender correctamente el procedimiento y evita presentar el recorte como una sucesión de rechazos individuales que no ocurrió de esa manera.
Ahora viene el Senado
La votación de Diputados no concluye el procedimiento legislativo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero, anunció que la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD será enviada al Senado para continuar su trámite.
La Cámara Alta recibe el texto aprobado por Diputados, no automáticamente el pedido original del Ejecutivo con sus 66 ítems para comenzar nuevamente la discusión desde cero.
La función legislativa del Senado comprende la revisión, debate, aprobación, modificación o rechazo de las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados.
Esto significa que el Senado no está limitado simplemente a ratificar o rechazar el documento. Puede introducir modificaciones dentro del procedimiento bicameral.
Pero tampoco corresponde interpretar que recibe nuevamente todo el paquete original para escoger libremente entre las 66 materias inicialmente planteadas por el Gobierno.
Las materias que quedaron fuera pueden regresar al Congreso posteriormente mediante nuevas iniciativas y seguir su respectivo procedimiento legislativo.
Un recorte con razones técnicas y políticas
La reducción del pedido del Ejecutivo estuvo acompañada por objeciones técnicas documentadas en distintas comisiones.
Hubo cuestionamientos sobre falta de precisión, necesidad de establecer límites claros, posibles implicancias sobre derechos y conveniencia de que determinadas reformas estructurales continúen bajo deliberación parlamentaria.
Pero el proceso también estuvo atravesado por una disputa política sobre cuánto poder legislativo debía transferirse temporalmente al Gobierno.
Fuerza Popular defendió una autorización más amplia, mientras otras fuerzas parlamentarias consideraron necesario reducirla.
Finalmente prevaleció una fórmula intermedia: sí a la delegación de facultades, pero limitada a seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.
El verdadero examen viene después
La Cámara de Diputados ya estableció su posición. Ahora corresponde al Senado revisar el texto recibido y decidir si lo aprueba, modifica o rechaza.
Si finalmente se promulga la ley autoritativa, comenzará otra etapa igualmente importante: examinar los decretos legislativos que emita el Ejecutivo y comprobar que permanezcan dentro de las materias y límites expresamente autorizados por el Congreso.
El debate, por tanto, no termina con la entrega de facultades.
La primera discusión ha sido cuánto poder legislativo extraordinario debe recibir el Ejecutivo.
La siguiente será comprobar cómo utiliza ese poder y si las medidas adoptadas producen resultados concretos frente a la inseguridad ciudadana y los riesgos asociados al fenómeno El Niño.
Porque después de los pedidos, los dictámenes y las votaciones, será allí donde el ciudadano pueda medir lo verdaderamente importante: si las facultades otorgadas terminan convirtiéndose en soluciones efectivas o solamente en nuevas normas.
