Ronderos de Huánuco: Castigan a jueza de paz por presunta apropiación de 35 mil soles

La magistrada fue llevada a la plaza de Codo del Pozuzo y obligada a realizar ejercicios tras ser acusada de retener dinero de una separación de bienes.

Integrantes de las rondas campesinas de Codo del Pozuzo, en Huánuco, sometieron a un castigo público a la jueza de paz Blanca Marisol Quinto Arroyo, luego de que fuera acusada de retener S/35 mil vinculados a un acuerdo de separación de bienes.

Según un informe difundido por el programa 24 Horas de Panamericana Televisión, el dinero correspondía a un acuerdo alcanzado por una pareja que había decidido separarse de mutuo acuerdo.

Ante la presunta retención del monto, integrantes de la ronda campesina intervinieron en el caso y trasladaron a Quinto Arroyo hasta la plaza principal de la localidad.

En ese lugar, la jueza de paz fue obligada a realizar ejercicios físicos conocidos como “ranas” frente a los pobladores. El momento fue registrado en video y posteriormente difundido a través de redes sociales.

De acuerdo con medios locales citados en la información, Quinto Arroyo habría devuelto posteriormente los S/35 mil y estaría evaluando iniciar acciones legales contra los integrantes de la ronda campesina por el presunto maltrato. Estos hechos no han sido confirmados de manera independiente.

La justicia de paz constituye un mecanismo mediante el cual las autoridades elegidas por la comunidad buscan principalmente resolver conflictos a través de la conciliación. Cuando las partes no alcanzan un acuerdo, los jueces de paz pueden resolver determinados asuntos aplicando criterios de equidad y sentido común.

Entre sus competencias se encuentran determinados asuntos civiles, como alimentos, desalojos e interdictos, además de faltas penales contra la persona, el patrimonio, las buenas costumbres y la seguridad pública.

Para ejercer como juez de paz se requiere, entre otras condiciones, ser peruano de nacimiento, tener más de 25 años, residir durante al menos tres años en la zona, contar con una ocupación conocida y dominar la lengua predominante de la comunidad. El periodo del cargo es de dos años y puede ser renovado.