La Oroya vence a un gigante minero en EE. UU.: El acuerdo histórico de 150 millones que recién sale a la luz

Tras 19 años de litigio silencioso en tribunales de Missouri y mientras el fallo se difunde en el Perú, 1.373 víctimas de intoxicación por plomo logran una reparación sin precedentes. El Cardenal Pedro Barreto califica el logro como un precedente global contra la impunidad ambiental corporativa.

A miles de kilómetros de las chimeneas de La Oroya, en los tribunales federales de San Luis, Missouri, la justicia transnacional acaba de marcar un punto de no retorno. Aunque las negociaciones culminaron sigilosamente semanas atrás, recién por estos días la opinión pública peruana comienza a dimensionar la magnitud del suceso: la corporación estadounidense Doe Run Resources Corporation aceptó pagar 150 millones de dólares para indemnizar a 1.373 ciudadanos peruanos cuya infancia quedó marcados por la exposición directa a metales tóxicos.

El eco mediático del caso ha tomado fuerza global tras las recientes declaraciones del Cardenal Pedro Barreto, SJ, publicadas por The Guardian y ratificadas por la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA). Su revelación no solo valida el impacto de la reparación, que ronda los 100.000 dólares para cada demandante, sino que expone la vigencia de un modelo de litigio internacional que rompió el cerco de la impunidad en Perú.

La estrategia que tumbó la extraterritorialidad

Durante décadas, las grandes transnacionales han utilizado la descentralización de sus operaciones como un escudo legal: operar mediante filiales locales en países en desarrollo para evadir tribunales exigentes. Sin embargo, en 2007, el bufete Schlichter Bogard abrió un frente inédito al interponer una demanda civil en Missouri, sede matriz de Doe Run.

La tesis de la defensa fue tan audaz como demoledora: las decisiones presupuestarias, la omisión de los planes de adecuación ambiental (PAMA) y la negativa a construir plantas de captura de dióxido de azufre no se decidieron en la sierra central del Perú, sino en los escritorios ejecutivos de Estados Unidos. La Corte de Missouri aceptó la competencia territorial, sentando un precedente de responsabilidad directa para las matrices multinacionales.

Cincuenta microgramos de plomo por decilitro de sangre

El sustento probatorio del caso acumuló casi dos décadas de evidencia médica. Estudios independientes confirmaron en su momento que más del 90% de los niños de La Oroya presentaban concentraciones de plomo en la sangre tres y cuatro veces superiores al límite máximo fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El impacto no fue solo ambiental, sino biológico e irreversible: pérdida de coeficiente intelectual, daños neurológicos permanentes y problemas del desarrollo motriz.

El costo de acompañar la causa

El proceso judicial no solo se alimentó de peritajes científicos; tuvo su motor humano en el trabajo pastoral. Desde su llegada al arzobispado de Huancayo en 2004, el Cardenal Pedro Barreto asumió la defensa de las comunidades vulnerables, registrando en el terreno las afecciones de la población.

Ese compromiso le costó hostigamiento y reiteradas amenazas de muerte por parte de sectores que defendían la permanencia de la actividad metalúrgica sin fiscalización. Barreto, preparado para testificar en el juicio antes de que la empresa optara por el acuerdo extrajudicial, ha enfatizado que el dinero no borra las secuelas, pero valida dos décadas de resistencia civil.

Por qué la verdad explota recién en setiembre

La llegada tardía de la noticia a la agenda mediática peruana responde al rigor del trámite procesal norteamericano. Tras el cierre formal del acta de acuerdo en EE. UU., los equipos legales procedieron a la notificación de los demandantes y la estructuración de los fondos de fideicomiso.

Fue el posterior viaje de Barreto a Estados Unidos y la consecuente difusión en la prensa anglosajona lo que desencadenó el «efecto cascada» en los medios peruanos. El caso, que cerró la vía civil empresarial, se suma a la histórica sentencia previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado peruano, cerrando un cerco definitivo de justicia para La Oroya.