Investigación identifica a 77 integrantes de la Iglesia católica acusados de abuso sexual infantil en Perú

La organización internacional BishopAccountability.org presentó en Lima un registro de denuncias contra sacerdotes y otros miembros de instituciones católicas. La publicación, realizada antes de la visita del papa León XIV, reabre el debate sobre la protección de menores, la transparencia y las responsabilidades de las autoridades eclesiásticas.

Una investigación de la organización estadounidense BishopAccountability.org identificó a 77 integrantes de la Iglesia católica acusados públicamente de presuntos abusos sexuales contra menores de edad en el Perú. El registro fue presentado el jueves 5 de noviembre de 2026, durante una conferencia de prensa en Lima.

La base de datos reúne denuncias contra sacerdotes, hermanos religiosos, seminaristas y laicos consagrados, tanto peruanos como extranjeros que desarrollaron actividades en parroquias y centros educativos del país.

La organización elaboró el registro a partir de investigaciones periodísticas, documentos judiciales e informes públicos. Advirtió que los 77 casos identificados no representan necesariamente la totalidad de las denuncias existentes, debido a la falta de estadísticas oficiales completas.

La inclusión de una persona en esta relación no significa que haya sido condenada judicialmente. Los casos presentan situaciones procesales diferentes, desde acusaciones públicas hasta investigaciones, absoluciones y otros pronunciamientos.

Denuncias involucran a figuras de la jerarquía católica

Entre las personas incluidas en el registro figura el cardenal Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima, denunciado ante el Vaticano en 2018 por presuntos hechos ocurridos en 1983, cuando el denunciante era adolescente.

La investigación también recoge casos como el del sacerdote Manuel Mendoza Ruiz, de la Prelatura de Huamachuco, denunciado por presuntos tocamientos contra un menor, y el de Marco Agüero Vidal, investigado por denuncias relacionadas con presuntos abusos durante confesiones.

La documentación incluye expedientes con resultados judiciales distintos. Por ello, la organización considera necesario diferenciar las denuncias, las sanciones eclesiásticas y las decisiones de la justicia ordinaria.

Cuestionan respuesta de las autoridades eclesiásticas

Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability.org, cuestionó durante la presentación la respuesta de las autoridades religiosas frente a las denuncias y advirtió sobre las dificultades que enfrentan las víctimas para obtener justicia.

Según la organización, el problema no se limita a las personas acusadas, sino que comprende los procedimientos utilizados para investigar los hechos, proteger a los menores y determinar eventuales responsabilidades de quienes conocieron las denuncias.

Los representantes de BishopAccountability.org y organizaciones de sobrevivientes solicitaron la creación de una comisión de la verdad que investigue los abusos sexuales cometidos en instituciones católicas del Perú.

También reclamaron mayor transparencia sobre los casos denunciados y mecanismos efectivos para prevenir nuevas agresiones.

Visita del papa León XIV reabre demandas de las víctimas

La publicación del registro coincide con la visita del papa León XIV a Sudamérica, que comienza este viernes 6 de noviembre.

El pontífice, quien desarrolló parte de su trayectoria religiosa en el Perú y fue obispo de Chiclayo, conoce las controversias relacionadas con denuncias de abuso sexual dentro de instituciones católicas peruanas.

Entre los antecedentes más relevantes figura el caso del Sodalicio de Vida Cristiana, organización suprimida por el papa Francisco en 2025 tras investigaciones eclesiásticas relacionadas con denuncias de abusos y otras irregularidades.

Las organizaciones de sobrevivientes esperan que la visita papal permita avanzar hacia investigaciones independientes, medidas de prevención y mecanismos de reparación para las víctimas.

La organización estadounidense también pidió que se establezcan responsabilidades de las autoridades eclesiásticas cuando corresponda.

Exigen investigaciones y transparencia

La presentación de los 77 casos vuelve a plantear la necesidad de contar con información pública que permita conocer cuántas denuncias fueron investigadas, cuántas llegaron a la justicia y qué medidas de protección se adoptaron.

La ausencia de un registro oficial integral dificulta determinar la verdadera dimensión del problema.

Para las organizaciones que documentan estos casos, la publicación de los antecedentes constituye una herramienta de transparencia, pero no reemplaza las investigaciones que deben realizar las autoridades competentes.

La protección de niños y adolescentes, el acceso de las víctimas a la justicia y la rendición de cuentas de las instituciones involucradas permanecen como los principales asuntos pendientes.