Nuevo gerente del Gorepa plantea continuar las 23 licitaciones pese a observaciones de Contraloría
El nuevo gerente general del Gobierno Regional de Pasco, Wilmer Carhuas Loyola, señaló que las 23 licitaciones observadas podrían continuar para evitar la pérdida de recursos presupuestales. Su posición contrasta con la disposición de su antecesor de iniciar la nulidad de los procesos.
Wilmer Carhuas Loyola argumenta que detener los procesos podría ocasionar la pérdida de recursos presupuestales. Su posición contrasta con la disposición del anterior gerente general, quien ordenó iniciar la nulidad de las contrataciones.
Las 23 licitaciones del Gobierno Regional de Pasco, observadas por la Contraloría debido a una brecha presupuestal de S/ 811,9 millones, podrían continuar pese a las medidas dispuestas esta semana para iniciar su anulación.
El nuevo gerente general, Wilmer Carhuas Loyola, señaló en una entrevista que los procedimientos seguirían adelante ante el riesgo de perder recursos gestionados para las obras. Según explicó, no existe certeza de que ese financiamiento vuelva a estar disponible el próximo año.
La declaración representa un cambio de posición respecto a lo ocurrido el 21 de octubre. Ese día, el entonces gerente general Víctor Cervantes Yalico dispuso iniciar los procedimientos de nulidad de oficio de las 23 licitaciones y ordenó que no se otorgaran buenas pro ni se suscribieran contratos.
La decisión de Cervantes respondía a las observaciones del Informe de Orientación de Oficio N.° 027-2026-OCI/5348-SOO, mediante el cual la Contraloría advirtió que el Gobierno Regional había convocado contrataciones por más de S/ 892 millones, aunque solo había acreditado aproximadamente S/ 80 millones de respaldo presupuestal.
La diferencia de S/ 811,9 millones constituye el principal problema todavía pendiente de esclarecer.
Carhuas Loyola también indicó que la entidad presentará documentación para responder a los cuestionamientos formulados contra las licitaciones.
Sin embargo, el argumento de conservar recursos disponibles durante el presente ejercicio presupuestal no resuelve por sí mismo las observaciones sobre el financiamiento de los años siguientes.
La controversia ocurre mientras el Consejo Regional investiga las contrataciones y existe una denuncia penal que solicita diligencias del Ministerio Público para revisar los procedimientos y preservar documentación.
La nueva Gerencia General deberá precisar si la disposición emitida por Cervantes continúa vigente, si se adoptaron nuevas decisiones administrativas y qué documentos sustentan la continuidad de los procesos.
También deberá acreditar cómo se financiarán las obligaciones futuras y si las observaciones formuladas por Contraloría han sido atendidas.
Por ahora, no se ha confirmado que los 23 procedimientos hayan sido anulados ni que exista una resolución que deje sin efecto las instrucciones impartidas el 21 de octubre.
El destino de las obras permanece sujeto a las decisiones administrativas que adopte el Gobierno Regional y a la verificación del respaldo presupuestal necesario para ejecutarlas.
