Hasta cuatro años de prisión por designar o aceptar cargos públicos sin cumplir requisitos legales
No basta con tener el respaldo de una autoridad para ocupar un puesto en el Estado. La legislación contempla sanciones penales para las designaciones irregulares y obliga a revisar las credenciales de quienes asumen funciones públicas.
La Ley 31676 sanciona tanto a quienes designan funcionarios sin las condiciones exigidas como a quienes aceptan esos cargos. La norma también pone bajo la lupa los nombramientos, contrataciones y encargaturas en las entidades públicas.
Llegar a un cargo público sin cumplir los requisitos legales puede salir caro, y no solo para quien consigue el puesto, sino también para el funcionario que lo designa. La Ley N.º 31676 establece penas de dos a cuatro años de prisión para quienes nombren, contraten, designen o encarguen funciones a personas que no reúnen las condiciones exigidas.
La responsabilidad también alcanza a quien acepta un cargo público sin cumplir los requisitos legales. En ambos casos, el artículo 381 del Código Penal contempla, además, multas de 60 a 120 días-multa.
La norma no es nueva. Fue publicada el 27 de enero de 2023 y busca evitar que los puestos del Estado sean ocupados por personas que no acreditan la preparación, experiencia o condiciones establecidas para desempeñarlos.
Sin embargo, hay una precisión importante: no todos los cargos públicos exigen necesariamente un título universitario. Cada puesto tiene requisitos específicos y estos deben evaluarse según las normas aplicables. Por tanto, no contar con un grado académico no significa automáticamente estar cometiendo un delito.
En Pasco, el tema tiene especial relevancia por las designaciones que se realizan en el Gobierno Regional, municipalidades, unidades de gestión educativa y otras instituciones públicas. La pregunta es si, antes de entregar un cargo de confianza o una responsabilidad directiva, las autoridades verifican realmente que los elegidos cumplan con el perfil exigido.
Incluso la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) formuló una consulta a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) sobre la aplicación de esta ley en relación con la legislación universitaria. La respuesta quedó recogida en el Informe Técnico N.º 002494-2025-SERVIR-GPGSC, publicado en diciembre de 2025.
SERVIR recordó la importancia de cumplir los requisitos establecidos para acceder a los cargos públicos, aunque aclaró que no le corresponde determinar responsabilidades penales en casos particulares.
La legislación tampoco establece el despido automático de quienes no cuentan con determinados estudios. Para determinar una irregularidad es necesario revisar qué exigía legalmente el puesto, cómo se realizó la designación y si existen responsabilidades administrativas o penales.
En una región donde los cambios de autoridades suelen venir acompañados de nuevos funcionarios y cargos de confianza, vale la pena hacerse una pregunta, ¿cuántos de los actuales funcionarios públicos de Pasco pueden acreditar que cumplen todos los requisitos para ocupar sus puestos?
La ley está vigente desde hace más de tres años. Lo que corresponde ahora es comprobar si las instituciones la están cumpliendo.
