Denuncian a rector y defensor universitario de la Undac
Docente recurre a la Defensoría del Pueblo para pedir la fiscalización de altas autoridades de la Undac por presuntos delitos e irregularidades.
El docente Héctor Oscanoa solicitó la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo tras señalar presuntas faltas a la ética pública, encubrimiento y conflictos de interés en la alta dirección de la casa de estudios.
El docente Héctor Rodolfo Oscanoa Salazar interpuso una denuncia administrativa ante el Módulo Defensorial de Pasco para exigir la fiscalización de la alta dirección de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (Undac). El pedido incluye al rector Ángel Claudio Núñez Meza y al defensor universitario Héctor Joel Pizarro Ríos por presuntas faltas a la ética pública, omisión de deberes contra la corrupción y falta de acción ante casos de hostigamiento sexual.
Según la documentación ingresada con la ficha N.º 12109/2026, el rector Núñez Meza afronta un requerimiento de acusación penal por el presunto delito de colusión agravada en agravio de la propia universidad, en el caso fiscal N.º 140-2018 asumido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Pasco. Por su parte, el defensor universitario Pizarro Ríos permanece bajo investigación preliminar por la fiscalía (carpeta N.º 3806015500-2024-185-0) debido al presunto patrocinio ilegal al ejercer la defensa privada de exautoridades procesadas por delitos contra la administración pública.
El escrito advierte además que la Resolución de Consejo Universitario N.º 000286-2024-UNDAC-D/R oficializó la incorporación al máximo órgano de gobierno de autoridades con procesos abiertos. Entre los mencionados figura el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Edgar Cóndor Capcha, quien registra antecedentes de investigación por acoso sexual en la Universidad Nacional José María Arguedas mediante la Resolución N.º 035-2022-PCO-UNAJMA, medida que dispuso en su momento su separación preventiva del cargo y restricción de acercamiento a la víctima.
Frente a estos hechos y a la suspensión de clases presuntamente sin respaldo legal, el denunciante solicitó que la Defensoría del Pueblo remita los actuados a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), a la Procuraduría General del Estado (PGE) y al Órgano de Control Institucional (OCI) para que se apliquen filtros de idoneidad y se dicten medidas de protección a su favor ante eventuales represalias.
