Últimos pobladores de Morococha enfrentan desalojo y secuelas por proyecto minero Chinalco
Pobladores de Morococha enfrentan las consecuencias del desalojo por el proyecto Toromocho entre cuestionamientos judiciales y alertas ambientales en Junín.
La expansión del proyecto Toromocho desplazó a los últimos habitantes de la antigua ciudad en Junín. Entre alertas ambientales en la nueva reubicación y litigios judiciales, un reducido grupo de familias exige un traslado digno.
Un grupo de pobladores de la Antigua Morococha, en la provincia de Yauli (Junín), concluyó una resistencia de más de una década tras ejecutarse un ordenamiento de desalojo en favor de la empresa Chinalco. El operativo policial, realizado el 19 de setiembre de 2025, permitió la liberación de las últimas hectáreas requeridas para la ampliación de la mina de cobre Toromocho, tras lo cual se procedió a la demolición de las viviendas desocupadas.
El proceso de reasentamiento hacia la denominada Nueva Morococha, ubicada en Carhuacoto, inició en 2012 e implicó el desplazamiento de la mayoría de los 5.000 habitantes del asentamiento original. Sin embargo, diversos ciudadanos rechazaron el traslado definitivo. Entre las razones expuestas por los vecinos y respaldadas en informes técnicos de la Red de Salud de Yauli – La Oroya e instituciones del sector Vivienda, se señalan riesgos geológicos en el nuevo terreno, peligro de inundaciones y registros de metales como plomo y arsénico en el suelo y en la sangre de menores de edad.
En el ámbito legal, el desalojo judicial generó cuestionamientos sobre su procedimiento. La Fiscalía de Junín abrió una investigación preliminar por presunto prevaricato contra el juez del caso, al considerar que la normativa que declaró la zona como de riesgo no mitigable suspendía las acciones judiciales. A su vez, el magistrado involucrado solicitó investigar a representantes y trabajadores de la minera por la presunta demolición no autorizada de los inmuebles. Adicionalmente, dirigentes locales informaron sobre la existencia de procesos penales por resistencia a la autoridad y litigios civiles vinculados a la valorización de los predios expropiados en 2018.
Paralelamente, el 18 de agosto de 2025 se suscribió un convenio entre la Municipalidad Distrital de Morococha y la compañía minera en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, en Lima. El acuerdo contempla compromisos en materia de salud, economía y medio ambiente. No obstante, familias no reasentadas manifestaron su disconformidad con el texto firmado, al señalar que difiere del proyecto de Convenio Marco Unificado planteado por la sociedad civil en 2013 y que no resuelve la demanda de una reubicación en zonas seguras.
Por Yoselin Alfaro, con el apoyo de Brandon Quevedo y Leslie Moreno / infoandes.pe / foto Red Muqui – Lee el reportaje completo https://infoandes.pe/…/las-familias-de-los-andes…/