¿Quién gana cuando estalla un conflicto social? La economía que se mueve detrás de las disputas mineras en Pasco.
Empleo, contratos, proveedores, compensaciones y empresas comunales aparecen una y otra vez en los conflictos mineros registrados en Pasco. Documentos oficiales y estudios académicos muestran que junto con legítimas demandas ambientales existe también una disputa por las rentas generadas alrededor de la minería. ¿Cuándo el conflicto se convierte en herramienta de negociación?
Empleo, contratos, servicios, compensaciones y millones en inversiones forman parte de las negociaciones entre comunidades y empresas mineras. Los reclamos ambientales son reales y no pueden reducirse a intereses económicos, pero documentos oficiales y estudios académicos muestran que en Pasco también existe una disputa por participar de las rentas generadas alrededor de la minería.
Durante años, cuando un conflicto social estalla en una zona minera, la escena suele repetirse: una carretera bloqueada, operaciones paralizadas, comunicados, presencia policial, intervención del Estado y finalmente una mesa de diálogo.
Pero detrás de esa mesa existe una pregunta menos visible:
¿Qué se negocia realmente?
Una revisión de documentos de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), investigaciones universitarias y antecedentes de conflictos en Pasco revela que las controversias no se reducen exclusivamente al medio ambiente.
En diferentes casos aparecen también demandas relacionadas con puestos de trabajo, contratación de proveedores locales, acceso de empresas comunales a servicios mineros, indemnizaciones, compensaciones, capacitación y programas económicos.
Esto no convierte automáticamente a los conflictos sociales en un negocio. Pero sí muestra que alrededor de ellos existe una economía de negociación.
Cuando la protesta termina en empleo y contratos
Un antecedente ocurrió en enero de 2019.
La comunidad campesina de Pampania mantenía diferencias con la empresa Glore Perú. Según la Defensoría del Pueblo, entre los puntos reclamados figuraban el cumplimiento de un convenio relacionado con empleo, facilidades para que la comunidad participe como proveedora y asuntos ambientales.
La mesa de diálogo acordó tratar específicamente empleo y proveedores. (Defensoría del Pueblo). No era únicamente una discusión ambiental. La posibilidad de trabajar para la operación minera y de venderle servicios también formaba parte de la controversia.
Situaciones similares aparecen en otros puntos de Pasco.
Joraoniyoc: protesta, operación paralizada y S/800 mil en capacitación
En mayo de 2022, pobladores del anexo de Joraoniyoc realizaron una medida de fuerza contra el tajo San Gerardo de la unidad minera Atacocha, operada por Nexa Resources.
Tras la intervención del Ministerio de Energía y Minas, la protesta fue levantada y las operaciones continuaron.
Entre los asuntos que quedaron sobre la mesa estaban un programa de apoyo al emprendimiento familiar, salud, capacitación y certificación de comuneros.
La empresa informó entonces que 25 pobladores habían recibido capacitación en manejo de equipos pesados entre noviembre y diciembre de 2021. La inversión reportada fue de S/800 mil.
También se analizaba capacitar a un segundo grupo con el objetivo de disponer de mano de obra local. (Gobierno del Perú)
Cuatro años después, el problema no había desaparecido.
En febrero de 2026, la Defensoría del Pueblo volvió a registrar como nuevo conflicto el caso de Joraoniyoc y Nexa. Esta vez lo clasificó como laboral.
Según el reporte, los comuneros exigían el cumplimiento de presuntos acuerdos anteriores y planteaban requerimientos laborales, sociales y de infraestructura. En enero habían iniciado una protesta que paralizó actividades de la empresa. (Defensoría del Pueblo)
El dato resulta importante porque permite observar que algunas controversias no terminan definitivamente con la firma de un acuerdo. Pueden reaparecer cuando una de las partes considera que los compromisos no fueron atendidos.
Huaraucaca: acuerdos que atraviesan décadas
Huaraucaca presenta otro caso revelador.
En mayo de 2024 la Defensoría registró un conflicto entre la comunidad campesina y Sociedad Minera El Brocal.
La comunidad exigía el cumplimiento de acuerdos establecidos en actas de 2003, 2019 y 2021.
Entre los puntos figuraban trabajos de mantenimiento eléctrico dentro de la empresa minera, contratación de mano de obra local y dosaje de plomo en sangre.
El 14 de mayo comenzó una protesta y días después se reportó que se impedía el ingreso de trabajadores a la planta concentradora de Colquijirca. Las reuniones realizadas con intervención estatal no consiguieron inicialmente un acuerdo. (Defensoría del Pueblo)
El caso permite observar dos dimensiones que frecuentemente conviven en los conflictos mineros de Pasco: por un lado, preocupaciones vinculadas a salud y posibles impactos de la actividad minera; y por otro, empleo y participación económica de la población local.
Una investigación llegó a una conclusión incómoda
El conflicto entre Huaraucaca y El Brocal fue además analizado en una investigación académica de la Universidad Nacional del Centro del Perú que estudió el periodo 2019-2022.
La investigación sostiene que en ese caso existían intereses fundamentalmente económicos, mientras determinadas actividades asociadas al desarrollo comunal pasaban a un segundo plano.
El estudio analizó testimonios de dirigentes comunales, representantes de la empresa y actores de la sociedad civil. (Alicia)
Hay que colocar este resultado en contexto.
Se trata de una investigación cualitativa con una muestra limitada de diez personas y, por tanto, no permite concluir que todos los conflictos mineros de Pasco tengan motivaciones económicas.
Pero sí aporta evidencia para formular una pregunta que merece mayor investigación.
El extraño caso de los “improductivos”
Quizá uno de los antecedentes más interesantes aparece en un reporte de la propia Defensoría del Pueblo.
En abril de 2021 informó sobre el cierre de un conflicto entre la comunidad campesina de Smelter y Minera El Brocal.
Las partes habían firmado bilateralmente acuerdos vinculados al denominado “pago de improductivos”.
¿De qué se trataba?
Según la Defensoría, correspondía al tiempo durante el cual una empresa comunal dejó de trabajar durante la paralización de actividades provocada por la pandemia. (Gobierno del Perú)
El caso muestra una característica particular de las zonas mineras.
Las comunidades ya no participan únicamente como propietarias de tierras o poblaciones ubicadas alrededor de una mina.
También pueden convertirse en actores económicos.
Comunidades que también son empresas
Este fenómeno no es exclusivo de Pasco.
Una investigación publicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú explica cómo distintas comunidades campesinas crearon empresas comunales dedicadas a prestar servicios a compañías mineras.
El estudio menciona expresamente experiencias de San Antonio de Rancas y San Juan de Huayllay, en Pasco.
Estas empresas generan empleo, rentas y pueden prestar servicios como transporte, maquinaria o suministro de combustible.
La investigación advierte también que cuando aumenta el dinero disponible pueden aparecer disputas internas por el acceso al trabajo, los contratos y la distribución de los beneficios. (SciELO Perú)
Eso cambia completamente la naturaleza de la relación entre comunidad y minería.
La comunidad puede ser simultáneamente población del área de influencia, fiscalizadora de impactos, propietaria de terrenos, proveedora de servicios y fuente de trabajadores para la operación.
Y cada uno de esos roles tiene un valor económico.
¿Existe entonces una “industria del conflicto”?
El concepto no es únicamente periodístico.
Una investigación académica sobre conflictividad minera en Perú utiliza expresamente la expresión “industria del conflicto”.
El trabajo sostiene que alrededor de la minería confluyen múltiples factores: preocupaciones por el ambiente y el agua, acceso a terrenos, debilidad del Estado, errores de relacionamiento de las propias empresas y búsqueda de una mayor participación de las comunidades en la actividad económica minera.
Su autor plantea que en algunos lugares el conflicto llegó a convertirse en un mecanismo para acceder a las rentas generadas por la actividad. (Repositorio Científico). Pero convertir esa conclusión en una explicación universal sería un error.
El otro lado de la historia
Pasco conoce demasiado bien los impactos asociados a décadas de actividad minera como para reducir cada protesta a una negociación económica.
Existen controversias documentadas relacionadas con contaminación, salud, polvo generado por transporte de minerales, afectación de carreteras y cumplimiento de obligaciones ambientales.
En Villa Corazón de Jesús, por ejemplo, pobladores denunciaron afectaciones producidas por vehículos que transportaban mineral por caminos comunales, señalando deterioro de vías y contaminación por polvo. (Gobierno del Perú)
En San Pablo de Ticlacayán, las demandas registradas por la Defensoría incluyeron salud, contaminación ambiental, pagos e indemnizaciones por derechos de paso y afectaciones. (Defensoría del Pueblo)
Es decir, el componente económico y el ambiental pueden existir simultáneamente.
El incentivo perverso
Aquí aparece posiblemente el problema de fondo.
Cuando durante años una población observa que una paralización consigue abrir una mesa de negociación más rápidamente que una carta, una solicitud o un proceso administrativo, puede generarse un incentivo peligroso: el conflicto adquiere valor como herramienta de negociación.
La empresa necesita recuperar su operación. La comunidad busca fortalecer su posición negociadora. El Estado llega cuando la crisis ya comenzó. Y finalmente todos terminan sentados en una mesa discutiendo compromisos que, muchas veces, pudieron abordarse antes de llegar a la protesta.
El conflicto deja entonces de ser solamente una consecuencia del problema. Puede convertirse también en parte del mecanismo utilizado para resolverlo.
¿Quién gana?
No existe una única respuesta. Una comunidad puede obtener empleo, infraestructura, compensaciones o contratos legítimos. Una empresa puede recuperar la continuidad de sus operaciones. Proveedores locales pueden acceder a nuevos negocios. El Estado puede conseguir temporalmente paz social.
Pero también pueden aparecer dirigentes, intermediarios, asesores, organizaciones o grupos económicos interesados en mantener capacidad de negociación alrededor de la controversia.
Para afirmar que alguien se beneficia irregularmente sería necesario demostrarlo caso por caso.
Hasta ahora, los documentos revisados por Pasco4380 no permiten sostener que exista en Pasco una organización dedicada sistemáticamente a generar conflictos para obtener dinero.
Sí permiten comprobar algo diferente: alrededor de los conflictos mineros circulan recursos económicos importantes y existe una permanente disputa por decidir quién accede a ellos.
La verdadera investigación comienza precisamente allí.
¿Quiénes administran las empresas comunales?
¿Quién decide quién consigue empleo?
¿Quién obtiene contratos después de una protesta?
¿Cuánto dinero entregan las empresas mediante convenios?
¿Los beneficios llegan realmente a toda la comunidad?
¿Los mismos actores aparecen repetidamente en las negociaciones?
¿Y qué ocurre con los acuerdos una vez que las carreteras se desbloquean y las operaciones vuelven a funcionar?
Responder esas preguntas permitiría determinar si estamos frente a mecanismos legítimos de distribución de los beneficios de la minería o si, en determinados casos, alrededor del conflicto se ha construido algo distinto: un negocio.
